Propuesta abierta, a todos quienes quieran ejercer la presidencia de Chile desde 2026, con copia a toda la ciudadanía de mente sistémica y con sentido común.
Hoy, me dirijo a ustedes desde el corazón de una nación que enfrenta una crisis alarmante. En Chile, los números son innegables y aterradores: la delincuencia violenta ha alcanzado niveles sin precedentes, convirtiéndose en una sombra que acecha a nuestra sociedad. En 2024, los casos de homicidios, violaciones, robos con violencia y lesiones graves superaron los 196 mil, lo que equivale a más de 500 delitos diarios. Esta realidad ha dejado a nuestras policías en una situación crítica, donde solo 13 de cada 100 delitos resultan en una detención. La impunidad se ha convertido en la norma, sumiendo a la ciudadanía en un estado de angustia y desconfianza.
Antes de continuar, quiero disculparme por la abundancia de datos estadísticos que a continuación se presentan; son el mínimo necesario para contextualizar la grave situación que enfrenta nuestro país en la actualidad.
En medio de esta crisis, el gobierno desde hace tiempo se encuentra bajo presión, y la necesidad de respuestas efectivas es más urgente que nunca, pero no llegan. El director de Gendarmería, Sebastián Urra, hace unos meses atrás reveló cifras que hielan la sangre: casi 5 mil internos, uno de cada diez, están relacionados con bandas delictuales, y cerca de 2 mil de ellos residen en la Región Metropolitana. Además, se identificaron a 699 líderes de estas organizaciones criminales, figuras que operan en las sombras y perpetúan el ciclo de violencia.

Las estadísticas son escalofriantes: el 63% de los 56.500 reclusos son condenados, y el 36% son imputados. Más preocupante aún es que el 25,8% de ellos tiene un «alto compromiso delictual», lo que significa que son reincidentes empedernidos. La reincidencia es un fenómeno alarmante: el 35,1% de quienes salen en libertad vigilada vuelven a delinquir, y en el caso de los que cumplen penas privativas de libertad, la cifra asciende al 52,5%. En términos de género, el 91% corresponde a varones y cerca del 8% a mujeres. En cuanto al rango etario, el máximo de población se encuentra entre los 20 y los 45 años, siendo mayoritarias en este grupo las personas de 30 a 34 años. Si se analiza la nacionalidad, el director señaló que un 85,25% es población chilena. Mientras que la extranjera llega al 14,85%, cifra que aumentó considerablemente desde el 2005, donde era cercana al 3%. Entre ellos, la mayoría es colombiana, seguida por venezolana, boliviana y peruana.
En la percepción de la población y de las propias fuerzas policiales, el nivel de violencia y la frialdad en la forma de actuar han aumentado significativamente desde 2016. Esta situación ha coincidido con una creciente crisis de inmigración, impulsada por la búsqueda de mejores oportunidades y la huida de regímenes dictatoriales.
La llegada de bandas de crimen organizado, como el Tren de Aragua marcan el pulso del miedo. Originaria de Venezuela, esta megabanda se dedica a extorsiones, secuestros y asesinatos, extendiendo su influencia desde Tarapacá hasta Los Lagos. Entre sus células, Los Gallegos se han asentado en Arica, donde la violencia y el tráfico de drogas son moneda corriente. En la misma ciudad, el Tren del Coro lucha por el control territorial, dejando un rastro de enfrentamientos.
En la Región Metropolitana, Los Pulpos acechan a comerciantes, utilizando secuestros y extorsiones como su modus operandi. Al mismo tiempo, Los Piratas y Los Hijos de Dios siembran el terror en el norte y Valparaíso, respectivamente, involucrándose en delitos como homicidios y trata de personas. Los Trinitarios, originarios de Nueva York, han cruzado fronteras para establecerse en Chile, mientras que Los Espartanos y La Nueva Generación luchan por el control en Antofagasta y Santiago, respectivamente.
Por último y para no seguir agotándolos con más bandas, porque de que las hay, las hay, cabe citar a Bang de Fujian, una mafia china, opera en la zona central, involucrándose en la explotación laboral y el tráfico de drogas. Y dentro de lo locales resalta la Banda de los Cuentos del Tío. A medida que la noche cae, la lucha infructuosa contra el crimen organizado continúa, dejando a los chilenos esperando un amanecer sin miedo en un futuro incierto.
¿Cuándo se hablaba en Chile de tantas bandas y carteles? ¡Jamás!
Las comunidades migrantes que han llegado legalmente buscan integrarse y contribuir positivamente, pero muchos de ellos se enfrentan al estigma asociado al crimen. Esto resalta la urgente necesidad de políticas inclusivas que fomenten su integración. Por otro lado, aquellos que han ingresado al país de manera ilegal deben ser deportados a la brevedad, buscando los acuerdos necesarios, especialmente con Venezuela, para asegurar que nuestra seguridad y bienestar no se vean comprometidos.
Cambio de timón necesario
Las medidas de inteligencia y represión delictual son necesarias, incluso, dando facultades policiales a una parte importante de las Fuerzas Armadas. ¡Sin duda! Pero esta carta abierta no trata de esa faceta del combate de la delincuencia.
Frente a este caos, surge una idea innovadora que podría cambiar el rumbo de nuestra sociedad. Si el objetivo es evitar que un porcentaje bastante mayor de los delincuentes regresen a sus fechorías, no basta con ofrecerles un oficio cualquiera; es fundamental proporcionarles una capacitación útil, que los motive en cierto grado y necesaria en la sociedad. Solo así podrán acceder a un ingreso que no los tiente a reincidir. Aquí es donde entra en juego el vasto y desolado desierto de Atacama, donde hay un exceso de recursos en terrenos aislados y ociosos. Asimismo, la tasa de desempleo entre agrónomos y técnicos agrícolas egresados de centros de estudios nortinos es no menor. A pesar de la gran dependencia de la minería en estas zonas áridas, existen oportunidades que pueden cambiar el rumbo de vidas y comunidades.
El desierto de Atacama, con su inigualable radiación solar, duplica la potencia de Europa central y la costa este de Estados Unidos. Este factor permite aprovechar la energía solar para impulsar la agricultura y otras iniciativas sostenibles. Imaginemos un futuro donde las cárceles se transformen en «cárceles-granja-desérticas», espacios productivos que no solo rehabilitan a los internos, sino que también benefician a la sociedad en su conjunto.
Propuesta de Transformación Social
La propuesta es clara y ambiciosa: establecer un modelo innovador donde el Estado, en colaboración con universidades y el sector privado, ofrezca capacitación básica en habilidades técnicas relacionadas con la agricultura.
Las universidades y centros tecnológicos están a la vanguardia de esta transformación. Instituciones como el Centro del Desierto de Atacama UC y la Universidad de Tarapacá, que impulsa la agricultura en Arica y Parinacota, están desarrollando proyectos innovadores que prometen un futuro diferente. La Universidad Arturo Prat y el Centro de Investigaciones del Hombre en el Desierto también aportan un gran conocimiento. Es más, en el año 2024 esta universidad fue la institución de educación superior anfitriona del “Gran Encuentro de la Agricultura del Desierto”, que albergó a centenares de asistentes en el Centro Experimental Canchones. Allí se discutieron los desafíos y oportunidades de la agricultura en zonas desérticas, destacando el rol del desierto de Tarapacá en esta materia a través de la ponencia de expertos internacionales de USA, Australia y Túnez.
Además, la Universidad de Talca está explorando la ecología integrativa, mientras que en el laboratorio de la Dra. Stange (U. de Chile), se editan genéticamente plántulas de tomate y kiwi para que toleren sequía y salinidad, junto a manzanas que no se oxidan tras ser cortadas.
Estas iniciativas son faros de esperanza en un panorama desolador.
Asimismo se puede llegar a acuerdos con Israel, que es un líder mundial en tecnologías agrícolas y en la producción de algunos cultivos en el desierto.
Es decir, hay “know-how” donde echar mano.
Desierto cultivado por presidiario que aprendan el oficio agrícola desértico. Know-how internavcional y de universidades locales, así como gestión compañada por empresarios. Cultivos aptos para el disierto, en parte bajo paneles fotovoltáicos para también generar autonomía eléctrica y proteger ciertos cultivos del exceso del sol. Asismismo, palntas y árboles irrigados por goteo y con agua generada in-situ en parte desde la humedad del aire, así como estabilizador de suelos y vitalizador de plantas a base de cochayuyo.
¡Esa es la idea en bruto – solución sistémica!



El Estado jugaría un papel fundamental al proporcionar terrenos adecuados para el cultivo en zonas desérticas, seleccionando áreas que, aunque inhóspitas, pueden ser transformadas mediante técnicas agrícolas avanzadas. Además, el Estado financiaría capacitación básica a los internos, proporcionada por instituciones de educación superior competentes, enfocándose en habilidades técnicas y prácticas relacionadas con la agricultura, la gestión de recursos hídricos y la sostenibilidad. Esta formación no solo incluiría aspectos teóricos, sino también prácticas en campo, permitiendo a los reclusos aprender de manera activa y directa, convirtiendo su tiempo en prisión en una inversión en su futuro.
En una forma de cooperación contractual, el sector privado también aportaría en diversos frentes, como gestión agrícola, capacitación de los reclusos junto a universidades, logística, distribución e incluso exportación. Asimismo, contribuiría con tecnología de cultivo de última generación, incluyendo la incorporación de extractos de algas marinas como el cochayuyo, que actúa como biofertilizante en forma líquida o granular y ayuda al tamponaje de sales, aplicándose vía foliar o al suelo. Esto también incluiría sistemas de riego eficientes, como el riego por goteo, que optimizan el uso del agua, y técnicas de hidroponía que permiten cultivar sin suelo, utilizando soluciones nutritivas adaptadas a las condiciones del desierto.
Además, las empresas privadas serían responsables de implementar métodos de cultivo innovadores, como la creación de suelos artificiales mediante nanotecnología, lo que facilitaría el crecimiento de plantas en terrenos áridos. La tecnología de generación de agua a partir de la humedad del aire ya es muy avanzada. La lista de contribuciones es extensa y variada.
Las universidades, ya mencionadas y otras que investiguen el tema, tanto en Chile como en el extranjero, desempeñarían un papel crucial en esta colaboración. Estas instituciones aportarían su conocimiento y experiencia en investigación agrícola, desarrollando programas de capacitación específicos y apoyando la implementación de tecnologías avanzadas. Además, podrían facilitar la investigación y el desarrollo de nuevas técnicas agrícolas, asegurando que el proyecto esté basado en los últimos avances científicos y tecnológicos.
La colaboración con el sector privado y las universidades también se extendería a la comercialización de los productos cultivados. Las empresas podrían ayudar a establecer canales de distribución y venta, garantizando que los productos lleguen al mercado y generen ingresos tanto para el proyecto como para los internos que participan en él. Esto no solo proporcionaría un incentivo económico para los reclusos, sino que también les enseñaría sobre el funcionamiento del mercado, la gestión empresarial y la importancia de la sostenibilidad en la producción agrícola.
En conjunto, este enfoque multidimensional no solo busca reducir la reincidencia delictiva al ofrecer a los internos una nueva oportunidad de vida, sino que también tiene el potencial de transformar áreas desérticas en centros productivos. Al combinar la fuerza del Estado con la innovación del sector privado y el conocimiento de las universidades, se crearía un modelo que no solo beneficiaría a los reclusos, sino también a las comunidades locales y al país en su conjunto, promoviendo un desarrollo sostenible y la reintegración social efectiva.

